"El Consejo Jurídico es un órgano vinculado a unas siglas políticas y adscrito a una Consejería y no una órgano judicial competente"
Tras conocerse el informe del Consejo Jurídico sobre la devolución del dinero del convenio de El Raíguero, la concejal en Totana Belén Muñiz, ha reiterado "la escasa fiabilidad del equipo de gobierno del Partido Popular, porque con sus declaraciones, la Alcaldesa sólo pretende arrojar cortinas de humo sobre las gravísimas irregularidades del ayuntamiento de Totana".
Para la concejal, "es obvio que del Consejo Jurídico no se podía esperar otro tipo de informe dado el signo político del mismo y la lacra que supondría para el PP de Totana a escasos meses de las elecciones reconocer la irregularidad que se produjo en el manejo de los dos millones de euros ingresados en las arcas municipales".
"Aunque lo grave es que ese uso irregular de un dinero que no podía usarse no se ciñe sólo a lo ingresado por ese convenio sino a los dieciocho millones ingresados por convenios varios", añade la edil.
Para Muñiz, "oír a una persona todavía imputada por un presunto delito de apropiación indebida, hablar de deslealtad institucional es un ejemplo más de la vara de medir del Partido Popular".
"Cuando en Totana, con una impresionante deuda municipal generada por las tres últimas corporaciones, el objetivo es callar a una concejal en la libertad de su cargo y en el ejercicio de sus obligaciones, mal vamos", añade la edil.
"El deber de la Alcaldesa no es juzgar mis actuaciones sino dar cuenta de las suyas y en un ejercicio de respeto a los vecinos explicar en qué se gastó el dinero de los convenios. Cómo es posible que todavía no se haya explicado eso. Cómo se va a pagar a los conveniantes de la Tira del Lienzo y quién ostenta su titularidad. Quién ostenta la titularidad de la nunca estrenada guardería del Polígono. De dónde se va a sacar el dinero para devolver al resto de conveniantes que ha solicitado la devolución de su dinero", apostilla la concejal.
Muñiz concluye planteando que "lo que no nos dice el equipo de gobierno es que los conveniantes en general y el del Raíguero en particular seguirán sus trámites por vía judicial por lo que de este tema no se ha dicho la última palabra, y esa responsabilidad que, junto a otras sentencias posibles, puede obligar a devolver millones de euros es pura y simplemente la responsabilidad exclusiva de quienes han consentido años de prácticas corruptas en el ayuntamiento".
